El gobierno de Estados Unidos reclamó a la Argentina cumplir con un compromiso pendiente del acuerdo bilateral vigente para prohibir formalmente la importación de productos fabricados mediante trabajo esclavo. El planteo comercial fue realizado por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante la cumbre de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, donde Washington impulsó una declaración conjunta firmada por la Argentina y México para erradicar el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro.
Felicito a mis colegas de México y la Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer que el trabajo forzoso sigue existiendo como un problema aberrante de derechos humanos que distorsiona las cadenas globales de suministro, sostuvo Greer a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El funcionario remarcó que diversas naciones advierten la urgencia de abordar la problemática y ratificó que su país seguirá instando a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos.
La nueva declaración conjunta se da en paralelo a la confirmación de la visita oficial del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre para reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei. Si bien el entendimiento no modifica de manera inmediata las regulaciones internas del Gobierno argentino, vuelve a revisar una obligación asumida hace ocho meses que continúa demorada.
La exigencia está estipulada en el artículo 2.9 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, pactado en noviembre y firmado en febrero, donde la administración nacional se comprometió a adoptar una veda a la adquisición internacional de bienes obtenidos bajo trabajo forzoso sin fijar un plazo perentorio. Aunque la legislación argentina contempla sanciones penales y laborales a nivel doméstico, el país carece de mecanismos específicos en fronteras para bloquear el ingreso de mercaderías producidas bajo esas irregularidades en el extranjero.
Esta falta de herramientas punitivas aduaneras genera repercusiones para el sector exportador local, ya que desde el 24 de julio Estados Unidos aplicó aranceles adicionales a envíos de unas 60 economías tras concluir una investigación que determinó la ausencia de prohibiciones efectivas. Gracias al entendimiento bilateral, la Argentina logró ubicarse en el segmento arancelario más benévolo con una tasa del 10% y excepciones sectoriales, una posición compartida con México para alentar el cumplimiento de los convenios.
