Un tribunal condenó a cuatro años y medio de prisión a un enfermero que trabajaba en el Policlínico PAMI II de Rosario tras hallarlo responsable de sustraer y comercializar fentanilo, bromuro de vecuronio y otros fármacos peligrosos a través de redes sociales. La sentencia incluyó además una inhabilitación por el mismo plazo para exercer la enfermería y ocupar cargos públicos.
El fallo fue dictado el pasado 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros luego de convalidar un acuerdo pleno en el que el imputado, identificado como Luis Emmanuel Benavidez, admitió su responsabilidad en los delitos de comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales nocivas ocultando su peligrosidad, hurto y tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el padre de un hombre de 37 años que falleció el 9 de agosto de 2023. El denunciante señaló que el enfermero le había suministrado las sustancias halladas junto al cuerpo y apuntó a un vínculo previo entre ambos.
El análisis del teléfono celular de la víctima permitió a los investigadores reconstruir las comunicaciones mediante WhatsApp, donde el acusado ofrecía ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio. En los mensajes, el agente sanitario calificaba al segundo producto como dos veces más fuerte que el fentanilo e incluso envió un audio con instrucciones para administrar el contenido y advertencias sobre el riesgo de sobredosis.
Las tareas investigativas determinaron que Benavidez se desempeñaba desde 2014 en el establecimiento médico y trabajaba en el área de esterilización desde 2016, aunque el organismo aclaró que no tenía a su cargo la custodia de los fármacos. En septiembre de 2025, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron allanamientos en Rosario y en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.
Durante los procedimientos en la vivienda del imputado se incautaron ampollas de fentanilo, cajas con frascos de bromuro de vecuronio, jeringas, medicamentos variados y una bolsa con material vegetal compatible con cannabis. El cotejo de los lotes confirmó que los elementos correspondían a los insumos ingresados al centro de salud y coincidían con el frasco hallado en el domicilio donde murió la víctima.
En la propiedad de los padres del condenado en Entre Ríos, en tanto, los uniformados secuestraron una pistola calibre .22, un cargador y municiones, sin que el acusado contara con registro como legítimo usuario de armas. La autopsia del comprador fallecido había arrojado una causa de muerte indeterminada, aunque sin descartar factores toxicológicos, luego de que peritajes previos no pudieran hallar rastros de bromuro de vecuronio en sangre por limitaciones técnicas de laboratorio.
