La Corte Suprema de Justicia resolvió que las investigaciones abiertas contra el exsenador Edgardo Kueider continúen su trámite de manera independiente en la Justicia federal de San Isidro y en la provincia de Entre Ríos.
Kueider se encuentra detenido en Paraguay luego de ser arrestado en 2024 junto a su pareja en el puente internacional que conecta la Argentina con territorio paraguayo, en un procedimiento donde se le hallaron más de 200 mil dólares sin declarar. En ese país recibió una condena por tentativa de contrabando de dinero y afronta una pesquisa por lavado de activos.
A nivel nacional, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado encabeza una investigación sobre supuestos hechos de corrupción y sobornos abonados por la firma de seguridad privada Securitas a distintas dependencias públicas, entre las que figura ENERSA, organismo donde Kueider se desempeñaba como funcionario.
Dentro de ese mismo expediente se examinan presuntos delitos vinculados como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.
En paralelo, el Juzgado de Garantías N 2 de Concordia, en Entre Ríos, lleva adelante un proceso para determinar si Kueider registró un incremento patrimonial notable y sin justificación entre 1999 y 2019, lapso en el cual ocupó funciones públicas a nivel municipal y provincial.
Previamente, Arroyo Salgado había solicitado que el tribunal provincial suspendiera la investigación sobre los años comprendidos entre 2015 y 2019, al sostener que existía conexidad con el expediente federal y peligro de una doble persecución penal.
Ante el rechazo de ese pedido por parte del juzgado provincial, la disputa de competencia fue elevada para su resolución ante la Corte Suprema.
Por su parte, la Procuración General de la Nación aconsejó desestimar la inhibitoria al estimar que, en esta fase preliminar, no convenía acotar el radio de acción de la pesquisa llevada adelante por la Justicia provincial.
El procurador interino Eduardo Casal indicó que recaerá sobre el magistrado provincial prevenir una posible afectación del principio que prohíbe juzgar dos veces por el mismo hecho a medida que el avance de la causa permita esclarecer los acontecimientos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti adoptaron el criterio propuesto por Casal y desestimaron la solicitud de inhibitoria planteada por Arroyo Salgado.
