El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados determinó que el proceso contra el suspendido juez federal Gastón Salmain comience el próximo 6 de octubre, instancia en la que se resolverá su posible destitución. El magistrado se encuentra procesado desde diciembre pasado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
El tribunal está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández. En tanto, la acusación estará a cargo del senador Luis Juez, el magistrado Diego Barroetaveña y la letrada Jimena De la Torre, luego de que Juez y Barroetaveña exigieran la fijación de la fecha.
La investigación apunta al titular del Juzgado Federal Nro 1 de Rosario por presuntamente manipular un expediente entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para beneficiar a un fideicomiso con la transferencia de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior, a cambio de 200 mil dólares. Por este expediente, donde también están imputados el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, se le dictó prisión preventiva sin detención efectiva debido a su inmunidad de arresto, medida ratificada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.
Asimismo, el juez afronta cargos por omitir en su concurso de nombramiento que había sido despedido en 2002 del fuero de la Seguridad Social por intentar sobornar para manipular un sorteo. Al respecto, Salmain argumentó en su defensa que omitió el dato porque no se lo consultaron y por tratarse de un episodio antiguo, mientras que su estrategia legal actual apunta a responsabilizar a Whpei.
El magistrado permanece suspendido desde el pasado mes de junio, cuando el Plenario presidido por el titular de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, aprobó por unanimidad su envío a juicio por mal desempeño. Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó su planteo para radicar una causa en Comodoro Py y dispuso que el expediente continúe en Rosario, conforme al criterio del Ministerio Público Fiscal.
