El Ejecutivo de Cuba advirtió este martes sobre las consecuencias que generan las limitaciones impuestas por Estados Unidos a la compra externa de combustibles en la producción de energía eléctrica dentro del territorio nacional.
Desde la perspectiva oficial, este cerco energético y la profundización del bloqueo representan un "acto de genocidio" y un castigo generalizado contra los habitantes, sumado a una infracción de la normativa internacional, humanitaria y de derechos humanos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, indicó a través de la plataforma X que "100 millones de dólares", cifra equivalente al anuncio de asistencia humanitaria formulado por la administración estadounidense, alcanzan únicamente para cubrir el abastecimiento de combustible requerido en el país durante dos semanas de generación eléctrica restringida.
El funcionario detalló que las restricciones sobre combustibles y energía bloquean la llegada de diésel y fuel para los sistemas de generación distribuida, cuya operación ayudaría a disminuir las interrupciones en el servicio, al igual que la compra de acumuladores y paneles para nuevos predios solares.
La nación caribeña elevará ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante las jornadas del 27 y 28 de octubre, un reporte que respalda la iniciativa titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".
El texto oficial detalla que en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los perjuicios ocasionados por las sanciones estadounidenses totalizaron 8.083 millones 300.000 dólares a valores corrientes, marcando una cifra inédita hasta la fecha.
Según consigna el expediente, la directiva presidencial dictada el 29 de enero por el mandatario estadounidense estableció la interrupción de suministros de carburantes, obstaculizando las entregas aun cuando estuvieran abonadas debido al temor a penalizaciones, y hostigando a las empresas armadoras de buques cisterna.
Dichas disposiciones además intimidan a las compañías de transporte marítimo y bloquean el envío de repuestos y componentes dirigidos a las plantas termoeléctricas locales, varias de las cuales operan desde hace más de cuatro décadas.
Pese a que el Estado cubano impulsó la modificación de su esquema energético hacia fuentes solares, el reporte advierte que las penalizaciones ponen en riesgo la llegada de equipos e insumos destinados a los futuros parques fotovoltaicos.
El informe remarca que el país logró aptitudes técnicas para montar dichos complejos en un lapso de 45 días, pero las acciones punitivas contra el transporte marítimo entorpecen la recepción de los elementos indispensables para concretar las obras.
