El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) expresó su preocupación frente a la evaluación oficial para traspasar 26 tramos de rutas nacionales a manos privadas mediante concesiones.
Desde la organización sindical definieron la medida como un "ruticidio" y señalaron al Poder Ejecutivo por llevar adelante un "vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional".
De acuerdo con los registros analizados por el gremio, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron $1.503.252 millones por ley para el mantenimiento de caminos, de los cuales únicamente se utilizaron $394.406 millones en trabajos viales.
Como consecuencia de esto, hacia el final de mayo de 2026, más de un billón de pesos continuaba retenido en plazos fijos y títulos públicos, situación que el propio Gobierno reconoció más tarde al indicar que esos fondos eran manejados por el Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal.
Ante este escenario, la referente sindical Graciela Aleñá expresó: "¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?".
Asimismo, el sindicato advirtió sobre la contradicción que implica el nuevo esquema de concesiones, ya que se le exige a Vialidad Nacional auditar miles de kilómetros mientras se implementa un segundo programa de Retiro Voluntario para reducir su personal.
"No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas", alertó Aleñá.
Por último, el STVyARA repudió que la infraestructura de transporte se analice bajo parámetros de rentabilidad económica privada, y Aleñá concluyó: "No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”.
