El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso al cierre del martes profundiza las restricciones presupuestarias en el sistema científico y las universidades nacionales, áreas que ya atravesaban dificultades financieras estructurales. Las dependencias científicas como el CONICET, la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i percibirán fondos para ajustarse a una pauta inflacionaria anual del 18% estimada por la administración nacional. De no cumplirse dicha previsión económica, los organismos verán afectada nuevamente su capacidad de financiamiento real, en un contexto en el que aún no lograron revertir la caída del 35% en sus ingresos reales desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.
Por otra parte, la situación presupuestaria afectará de manera directa al INTA, que experimentará una reducción nominal de partidas del 12,4%, y al INTI, que registrará una merma nominal de recursos del 5,2%. Ambas instituciones acumulan un proceso de desfinanciamiento y reducción de personal desde 2024, con recortes reales que superan el 43% en el caso del INTA y rozan el 49% en el INTI durante el mismo período.
En cuanto al ámbito educativo, la iniciativa oficial asigna 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, un monto que contrasta con los más de 11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores del país. Adicionalmente, el Capítulo II de la propuesta presupuestaria incluye una cláusula que obliga a las casas de altos estudios a informar el destino de sus gastos a la cartera de Capital Humano y otorga facultades al Poder Ejecutivo para suspender las transferencias de dinero ante incumplimientos.
Ante este escenario, las autoridades universitarias alertan sobre una afectación a la autonomía universitaria y sostienen que la propuesta presupuestaria de 11 billones resulta insuficiente. Los representantes del sector exigen la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario vigente y prevén un incremento de la conflictividad.
