La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto para incorporar el vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de sancionar la intrusión en campos y los ataques a la producción agropecuaria.
La iniciativa se aprobó con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, tras un dictamen de mayoría consensuado entre distintos bloques.
El texto prevé penas de un mes a un año de prisión por el ingreso no autorizado a establecimientos rurales.
La condena podrá elevarse a dos años si el acceso obstaculiza la producción, pone en riesgo la vida, la integridad física o la sanidad de animales y cultivos.
Asimismo, se fijaron penas de dos a ocho años de cárcel y multas para quienes destruyan silobolsas u otros elementos del proceso productivo.
La sanción trepará hasta los 10 años de reclusión en casos cometidos por tres o más personas de forma coordinada que generen la pérdida total de la producción o interrumpan el ciclo productivo, el transporte o la comercialización.
El autor de la iniciativa, Martín Ardohain, sostuvo que "el proyecto fue enriquecido y nos lleva muchísimas más certezas y tranquilidad a lo que vamos a estar votando" y añadió que "este proyecto cubre vacíos legales del Código Penal e incluye lo que el Código de 1921 no podía ni imaginar: silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles o equipos de riego. Hoy, quien daña una bomba sumergible pone en riesgo toda la explotación".
Por su parte, Ramiro Gutiérrez indicó que el país precisa sumar esta figura punitiva y remarcó que "es algo que venimos pensando y trabajando hace mucho tiempo desde el Frente Renovador".
En tanto, Sergio Capozzi valoró que la norma "viene a cubrir un vacío legal fundamental: el vandalismo, el robo, el hurto y la usurpación deben tipificarse como delitos y no como meras infracciones".
El radical Darío Schneider argumentó que los ataques al sector no solo dañan patrimonios, sino que afectan puestos de trabajo en el interior.
En la vereda opuesta, Myriam Bregman cuestionó la medida al afirmar que busca "blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra" y que representa parte "del armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región".
Finalmente, Francisco Morchio explicó que la normativa defiende a quienes residen en zonas rurales apartadas y detalló que "la figura actual de la contravención pasa a convertirse en un delito penal agravado según el daño que se cometa dentro de ese campo".
