El plazo otorgado al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para presentar documentación y responder una serie de interrogantes sobre su evolución patrimonial está próximo a vencer, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había realizado el pasado 10 de agosto un requerimiento con 20 preguntas surgidas a partir del análisis de los bienes, ingresos y gastos del exfuncionario y su grupo familiar.
Para responderlas y presentar la documentación correspondiente, la fiscalía estableció inicialmente un plazo de 15 días. Sin embargo, la defensa de Adorni podría solicitar una prórroga antes del vencimiento.
Las respuestas serán importantes para determinar cómo continuará la investigación. Una vez recibida la información, el fiscal deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y decidir los próximos pasos, entre ellos una eventual citación a declaración indagatoria.
Las diferencias que analiza la Justicia
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los movimientos patrimoniales registrados durante el período analizado.
Pollicita sostuvo en su requerimiento que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
De acuerdo con la información incorporada a la causa y reportada por Noticias Argentinas, los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado sumaron $229.752.283,20.
Los gastos familiares registrados, en cambio, ascendieron a $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de poco más de $43 millones.
A esos movimientos se agregan gastos efectuados en moneda estadounidense por US$402.578,12.
Respecto de esas operaciones, el fiscal señaló que hasta el momento “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.
La presentación que realice Adorni será ahora uno de los elementos que deberá analizar la fiscalía para determinar si las explicaciones y la documentación aportada permiten justificar las diferencias detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación.
