Un grupo de legisladores de la oposición en Paraguay solicitó a la Fiscalía que amplíe la denuncia en la causa judicial vinculada a Ueno Bank para incluir a la esposa, padres, hijos y hermanos del exmandatario Santiago Peña. La presentación fue realizada por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, integrantes del Partido Cruzada Nacional, ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
La solicitud judicial acusa a los familiares y allegados políticos de Peña de presuntos delitos como frustración de la persecución penal y hechos conexos, derivando de una acción legal previa presentada para bloquear la entrega de archivos oficiales. En noviembre de 2025, un juez había emitido un fallo favorable a un amparo constitucional interpuesto por el entorno del exjefe de Estado para impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas facilitara documentos de carácter reservado.
El requerimiento formal de los parlamentarios abarca a Leticia Ocampos, los padres de la ex primera dama, sus hermanos, los padres de Santiago Peña, uno de sus hijos, su nuera, otros hermanos del exgobernante y cuñadas. En el escrito, los legisladores solicitan que se investigue a los nombrados, se resguarden correos y expedientes, y se apliquen restricciones como la prohibición de salir del país y el bloqueo de movimientos financieros.
Los senadores indicaron que Peña formó parte de la conformación accionaria del grupo empresarial asociado a Ueno Bank hasta marzo de 2025, un dato central para examinar los lazos societarios durante la etapa de captación de fondos estatales y previsionales. A la vez, remarcaron que la pesquisa sobre Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding no debe circunscribirse únicamente a los directivos o funcionarios públicos, sino que requiere la documentación retenida por la vía judicial para dilucidar las conexiones empresariales del entorno presidencial.
El Banco Central del Paraguay comunicó el martes pasado el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatar una pérdida de solvencia originada en préstamos masivos otorgados a firmas del mismo conglomerado. La semana anterior, el Ministerio Público imputó a Santiago Peña por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, al señalar que participó en la colocación y permanencia de sumas millonarias de instituciones públicas en la entidad financiera.
