El Gobierno comenzó a presionar sobre los entendimientos políticos rumbo a 2027 antes de que comience en el Senado el debate por la reforma electoral. La estrategia oficial consiste en subordinar la conformación de fianzas a que los distintos espacios acompañen la supresión de las primarias.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y encargada del armado político, dio instrucciones a los principales referentes libertarios para transmitir a los gobernadores aliados y partidos socios que solo se sellarán pactos electorales con quienes respalden la iniciativa.
"El gobernador que no apoye, no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos", afirmó un miembro del entorno cercano de la funcionaria. En la Casa Rosada asumen que la modificación o baja de las primarias generará tensiones con la oposición, especialmente con el peronismo, sector que utiliza esa herramienta para dirimir su interna.
La senadora Patricia Bullrich impulsa la discusión con la expectativa de conseguir un éxito político que facilite el camino hacia la reelección del presidente Javier Milei en 2027. De este modo, la administración central condiciona las tratativas electorales al apoyo legislativo al proyecto.
A pesar de no contar con los votos asegurados, desde Balcarce 50 sostienen que la iniciativa debe discutirse entre octubre y noviembre a más tardar, debido a que la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la urgencia de definir con antelación cualquier cambio en las reglas de votación. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cumple el rol de transmitir el mensaje y busca adhesiones para lograr la aprobación de la reforma antes de 2027.
En paralelo a las negociaciones en el Congreso, el armado nacional discute de forma interna los criterios que aplicará con los mandatarios provinciales de cara a los comicios. "Los acuerdos pasan por otro lado. Hay que tratar de que no se desperfile el electorado", señaló una fuente oficial a la Agencia Noticias Argentinas.
Esta postura refleja la intención de la Casa Rosada de entablar alianzas amplias con las provincias aliadas, que podrían incluir desde listas unificadas hasta entendimientos sobre cuestiones catalogadas por el oficialismo como una confrontación acordada. Por otro lado, un sector interno prefiere sellar pactos más amplios con los gobernadores tras considerar que la credibilidad oficial se vio afectada en 2025 al no cumplirse algunos pactos previos.
De esta manera, el acompañamiento a la eliminación de las PASO se convirtió en una exigencia central para las negociaciones con los aliados. Así, el apoyo parlamentario al proyecto quedó atado de forma directa a la discusión sobre las alianzas electorales con vistas a 2027.
